La policía de Laurel creó una lista de direcciones de inmigrantes haitianos y la compartió con el FBI
En una medida aparentemente sin precedentes en Delaware, un departamento de policía local del condado de Sussex creó el año pasado una lista de dónde creen los oficiales que los inmigrantes haitianos pasan su tiempo y luego la envió a los funcionarios federales.
Durante los primeros días de la administración Trump, el Departamento de Policía de Laurel recopiló una docena de direcciones donde sus agentes se habían encontrado con inmigrantes haitianos que creían indocumentados. Posteriormente, las compartieron con el FBI, según correos electrónicos enviados por el jefe de policía de Laurel en enero de 2025.
La policía luego agregó dos direcciones más a la lista, según los correos electrónicos, que Spotlight Delaware obtuvo a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, el mes pasado.
Al preguntarles sobre la revelación, los defensores de los inmigrantes se mostraron conmocionados. El alcalde de Laurel se declaró “totalmente indignado” por las acciones de su departamento de policía.
El jefe de policía de la ciudad dijo que está comprometido a ayudar a otras agencias policiales cuando lo soliciten.
Más de la mitad de las 14 direcciones de Laurel que figuraban en la lista, donde la policía había encontrado inmigrantes haitianos, tanto documentados como indocumentados, eran viviendas, según los correos electrónicos. También figuraban varias intersecciones.
El jefe de policía de Laurel, Robert Kracyla, envió la lista de direcciones a Justin Downen, según los correos electrónicos, que no indicaban su cargo. Sin embargo, un comunicado de prensa de 2017 sí lo identificó como agente especial del FBI. Kracyla también confirmó que envió la lista al FBI después de que la agencia solicitara la información.
“Nos pidieron que brindáramos asistencia, por lo que siempre brindaremos asistencia de una agencia si nos la piden”, dijo Kracyla en una entrevista con Spotlight Delaware.
Los correos electrónicos ponen de relieve lo que se ha convertido en el cada vez más opaco Procesos de intercambio de información de datos personales de inmigrantes entre agencias federales y entidades locales.
A nivel nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha exigido información personal de los inmigrantes a una variedad de entidades y oficinas gubernamentales, incluida la Departamento de Trabajo de Delaware, caseros, Internal Revenue Service y Datos de Medicaid del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
El motivo del FBI sigue sin estar claro
Históricamente, ni los departamentos de policía locales ni el FBI han sido los principales responsables de hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Sin embargo, en octubre, casi la mitad de los agentes del FBI que trabajan en las principales oficinas de campo del país fueron reasignados para ayudar en la aplicación de las leyes de inmigración con el fin de apoyar los esfuerzos de represión de la administración Trump, según Informe de The Guardian.
Actualmente, el 23% de los aproximadamente 13,000 agentes en total en todas las oficinas del FBI trabajan en inmigración, según el informe. El cambio hacia la aplicación de la ley migratoria trazas hacia atrás a una serie de memorandos y reuniones del FBI en mayo de 2025.
Kracyla afirmó que no es nada común que el Departamento de Policía de Laurel compile y mantenga una lista de direcciones de inmigrantes locales. Afirmó que es la primera vez que recuerda que el departamento lo haya hecho.
“Sólo intenté proporcionarles la información que me pidieron”, dijo.
Kracyla agregó que no sabe cómo utiliza el FBI la lista.
Tras enviar la lista inicial en enero de 2025, Kracyla envió un correo electrónico al FBI cuatro meses después para añadir dos nuevas direcciones. Kracyla indicó que una de ellas estaba ocupada por un hombre con una orden judicial de captura.
Aún no está claro por qué el FBI quería la lista completa de direcciones. En un comunicado enviado por correo electrónico el jueves, el FBI afirmó que no tomó ninguna medida policial basándose en la lista y que no compartió la información.
La lista de direcciones fue compilada primero por el sargento de policía de Laurel, Jared Haddock, antes de enviarla por correo electrónico a Kracyla.
“Les avisaré si encontramos más inmigrantes”, escribió Haddock en un correo electrónico a su jefe.
“Gracias, Jared, y transmite mi agradecimiento a todos los que te ayudaron con este proyecto”, respondió Kracyla.
El alcalde de Laurel está “totalmente disgustado”
El alcalde de Laurel, Carlos Oliveras, dijo que estaba “disgustado” al enterarse de las acciones del departamento de policía de la ciudad y de que compartieron la lista con el FBI.
En marzo, Oliveras fue elegido el primer alcalde nuevo de Laurel en más de 20 años. después de derrocar al titular John Shwed por siete votos.
“Estoy profundamente disgustado, personalmente, por lo que siento al respecto, de que mi departamento de policía esté haciendo eso”, dijo Oliveras.
En julio, el gobernador Matt Meyer asociaciones oficiales prohibidas entre ICE y los departamentos de policía locales.
La ley prohíbe el programa de asociación conocido como acuerdos 287(g) que esencialmente delegan a oficiales de policía locales para que actúen como extensiones de ICE, principalmente a través del uso de cárceles locales, donde los inmigrantes indocumentados bajo custodia pueden ser procesados bajo custodia de ICE para su deportación, o a través de un “modelo de grupo de trabajo”, donde los oficiales están capacitados para hacer cumplir las leyes de inmigración en sus rutinas diarias.
La comunidad haitiana de Delaware tiene En constante crecimiento durante décadas, que se remonta a la década de 1980. La población experimentó un auge en 2023 cuando el entonces presidente Joe Biden programas de libertad condicional humanitaria establecidos Fomentar vías seguras y ordenadas hacia los EE. UU. desde Haití para que hasta 30,000 inmigrantes cada mes puedan vivir y trabajar aquí durante un máximo de dos años.
En 2023, había 5,609 hogares en Delaware donde el idioma principal hablado era el criollo haitiano, según Datos de la Oficina del Censo de EE. UU.Muchas de esas familias haitianas se establecieron en Seaford, Laurel, Camden y Dover.
Durante el último año, muchos miembros de la comunidad haitiana en Delaware han vivido con el temor de ser deportados, perder su empleo y la posibilidad de que se les revoque el estatus de protección temporal. En respuesta, algunos han huido a Canadá en busca de mejores condiciones de vida.
Helen Salita, directora de campaña de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Delaware, describió la revelación de la lista de la Policía de Laurel como “increíblemente preocupante” y advirtió que puede deteriorar las relaciones entre la policía de la ciudad y las comunidades inmigrantes.
“Es preocupante ver que en lugar de que el Departamento de Policía de Laurel se centre en los problemas locales, está haciendo un seguimiento de la comunidad inmigrante local”, dijo Salita.
Salita pidió al gobernador Matt Meyer “acción inmediata y decisiva” para poner fin a toda cooperación con ICE.
A medida que surgen preguntas en torno al intercambio de información y las asociaciones oficiales, los legisladores han presentado un proyecto de ley para tratar de evitar que se entregue información confidencial de los inmigrantes.
En diciembre, el representante Sean Lynn (demócrata de Dover) legislación introducida Esto prohibiría a los departamentos de finanzas y trabajo de Delaware revelar información sobre la ciudadanía o el estado migratorio de una persona en cualquier declaración de impuestos, documento fiscal y base de datos dentro de ambos departamentos.
Para ello, los empleados del Departamento necesitarían obtener la aprobación del Fiscal General de Delaware o una orden judicial relacionada con una investigación penal por un delito grave. El Proyecto de Ley 238 de la Cámara de Representantes también tipificaría como delito menor la divulgación de información sin aprobación previa ni orden judicial.
La legislación está a la espera de ser considerada en el Comité de Ingresos y Finanzas de la Cámara.
Laurel police created a list of Haitian immigrants’ addresses, shared it with FBI
In a seemingly unprecedented move in Delaware, a local police department in Sussex County created a list last year of where officers believe Haitian immigrants spend their time, and then sent it to federal officials.
During the early days of the Trump administration, the Laurel Police Department first compiled a dozen addresses of where its officers had encountered Haitian immigrants whom they “believe to be undocumented.” They then shared it with the Federal Bureau of Investigation, according to emails sent by the Laurel police chief in January 2025.
Police later added two more addresses to the list, according to the emails, which Spotlight Delaware obtained through a Freedom of Information Act request, last month.
Asked about the revelation, immigrant advocates said they were shocked. Laurel’s mayor said he was “utterly disgusted” by his police department’s actions.
The town’s police chief said he is committed to helping other law enforcement agencies when they ask.
More than half of the 14 Laurel addresses on the list, where police had encountered “documented and undocumented” Haitian immigrants, were houses, according to the emails. Also on the list were several intersections.
Laurel Police Chief Robert Kracyla sent the address list to Justin Downen, according to the emails, which did not state Downen’s title. But a 2017 news release did identify him as an FBI special agent. Kracyla also confirmed that he sent the list to the FBI after the agency requested the information.
“We were asked to provide assistance, so we will always provide an agency assistance if they ask us,” Kracyla said in an interview with Spotlight Delaware.
The emails highlight what have become the increasingly opaque information sharing processes of immigrants’ personal data between federal agencies and local entities.
Nationwide, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) has demanded immigrants’ personal information from an array of entities and government offices, including the Delaware Department of Labor, landlords, the Internal Revenue Service, and Medicaid data from the U.S. Department of Health and Human Services.
FBI motive remains unclear
Historically, neither local police departments nor the FBI have been primarily responsible for enforcing federal immigration laws.
In October, however, nearly half of the FBI agents working in the country’s major field offices were reassigned to help in immigration enforcement in order to support the Trump administration’s crackdown efforts, according to reporting from The Guardian.
Now, 23% of the roughly 13,000 total agents across all the FBI’s offices are working on immigration, according to the report. The shift toward immigration enforcement traces back to a series of FBI memos and meetings in May 2025.
Kracyla said it’s “not common at all” for the Laurel Police Department to compile and maintain a list of local immigrants’ addresses. He stated that it is the first time he can recall the department ever doing so.
“I just tried to provide them with the information they asked for,” he said.
Kracyla added that he doesn’t know how the FBI is using the list.
After sending the initial list in January 2025, Kracyla followed up four months later in another email to the FBI to add two new addresses. Kracyla noted that one of the new addresses was occupied by a man who had a capias court warrant.
It remains unclear why the FBI wanted the full list of addresses. In an emailed statement sent Thursday, the FBI said it took no law enforcement action based on the list and did not share the information.
The address list was first compiled by Laurel Police Sgt. Jared Haddock before he emailed it to Kracyla.
“I will let you know if we encounter any more immigrants,” Haddock wrote in one email to his chief.
“Thank you, Jared, and pass on my thanks to everyone that assisted you with this project,” Kracyla replied.
Laurel mayor ‘utterly disgusted’
Laurel Mayor Carlos Oliveras said he was “disgusted” to learn of the actions of the town’s police department and their sharing of the list with the FBI.
In March, Oliveras was elected Laurel’s first new mayor in over 20 years after unseating incumbent John Shwed by seven votes.
“I am just so utterly disgusted in the way I feel about it personally that my police department is doing that,” Oliveras said.
In July, Gov. Matt Meyer outlawed official partnerships between ICE and local police departments.
The law bars the partnership program known as 287(g) agreements that essentially deputize local police officers to act as extensions of ICE, primarily through the use of local jails, where undocumented immigrants in custody can be processed into ICE custody for deportation, or through a “task force model,” where officers are trained to enforce immigration laws in their daily routines.
Delaware’s Haitian community has steadily grown for decades, stretching back to the 1980s. The population boomed in 2023 when then-President Joe Biden established humanitarian parole programs to encourage safe and orderly pathways to the U.S. from Haiti for up to 30,000 immigrants each month to live and work here for up to two years.
By, 2023, there were 5,609 households in Delaware where the primary language spoken was Haitian Creole, according to U.S. Census Bureau data. Many of those Haitian families settled in Seaford, Laurel, Camden and Dover.
Over the past year, many within the Haitian community in Delaware have lived in fear of deportation, job loss and the possibility of their temporary protected status being revoked. In response, some have fled to Canada in search of better living conditions.
Helen Salita, campaign manager with the American Civil Liberties Union of Delaware, described the revelation of the Laurel Police’s list as “incredibly troubling,” warning that it may deteriorate relations between the town’s police and immigrant communities.
“It is concerning to see that instead of Laurel PD focusing on local issues, they are, instead, tracking the local immigrant community,” Salita said.
Salita called on Gov. Matt Meyer for “immediate and decisive action” to end all cooperation with ICE.
As questions around information sharing and official partnerships arise, legislators have introduced a bill to try to prevent immigrants’ sensitive information from being handed over.
In December, Rep. Sean Lynn (D-Dover) introduced legislation that would bar the Delaware departments of finance and labor from disclosing information about the citizenship or immigration status of a person in any tax return, tax document and database within both departments.
To do so, Department employees would need to get approval from the Delaware Attorney General or a court order associated with a felony criminal investigation. House Bill 238 would also make the disclosure of the information, without prior approval or court order, a misdemeanor.
The legislation is awaiting consideration in the House Revenue & Finance committee.